Asturias deberá indemnizar con 83.600 € a una mujer atacada por un oso
El Principado de Asturias tendrá que indemnizar con 83.600 euros a Carmen Suárez, una vecina de Cangas del Narcea que en 2021 fue atacada por un oso mientras paseaba por su localidad natal, Sonande. La mujer, que entonces tenía 75 años, sufrió heridas en la cara y en la cadera tras recibir un zarpazo del animal.
La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la afectada y establece que la Consejería de Medio Rural debe asumir la responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados por el ataque del oso.
A nivel mundial se registran unos 40 ataques de osos a personas cada año, la mayoría sin resultado mortal, siendo más frecuentes en Europa, Norteamérica y Asia, y ocurren sobre todo cuando los animales se sienten amenazados, especialmente las hembras con crías, en situaciones donde las víctimas suelen estar solas o practicando actividades al aire libre como senderismo o recolección de frutos.
Una batalla judicial marcada por la opacidad
Antes de llegar a los tribunales, Suárez inició un largo y complejo proceso administrativo. En primer lugar, presentó en agosto de 2022 una reclamación formal ante la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, que fue desestimada. Ante la falta de colaboración de la Administración y la negativa a facilitarle informes clave del caso, la afectada tuvo que acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diciembre de 2021 para acceder a la documentación.
Durante el juicio, dos vecinos del pueblo prestaron declaración como testigos directos del ataque, lo que resultó fundamental para el fallo judicial. Frente a ello, la Administración defendió que el encuentro con el oso no era previsible y argumentó que existen “formas diferentes” de defenderse ante un ataque, según informes presentados por miembros de la patrulla Oso del Principado.
“Paradoja” en la protección administrativa
El TSJA ha sido contundente en su resolución y ha señalado una “paradoja” en la política de indemnizaciones de la Administración asturiana. En palabras literales de la sentencia, “debe hacerse notar la paradoja, y permítasenos la reflexión, de que el Principado indemnice los daños producidos en la cabaña ganadera por, por ejemplo, el lobo, pero no así los daños causados a personas”.
Con este fallo, Carmen Suárez logra cerrar una batalla jurídica de más de dos años marcada por la falta de apoyo institucional. La sentencia sienta un precedente legal inédito en Asturias en lo relativo a la responsabilidad pública ante ataques de fauna salvaje.
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